El gobierno a punto de aprobar la contrarreforma laboral más dura desde la transición

Abaratamiento generalizado del despido, cláusulas de descuelgue para las empresas, fin de la ultraactividad de los convenios, bonificaciones a las empresas, reducción salarial (con la complicidad del pacto de CCOO y UGT), recortes en el cobro del desempleo... ¿habrá huelga general en todo el Estado?
El Gobierno aprobará un contrato de crisis con un despidomás barato. Así se decidió tras la reunión que se celebró ayer en el palacio de la Moncloa que presidió Mariano Rajoy y en la que participaron además los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Empleo, Fátima Báñez, y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal.
El presidente del Gobierno apoyó la tesis de una reforma laboral en profundidad. Se pretende aprobar un contrato de crisis, con un despido similar a la media europea (que es de 20 días por año trabajado). Esta fórmula fue planteada por el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Los debates previos se habían dirigido hacia la generalización del contrato de fomento del empleo (con un despido de 33 días). Un cambio que para la CEOE resultaba insuficiente, ya que era similar al que se había incluido en la última reforma.
La reforma también incluirá una cláusula de descuelgue más fácil para las empresas en crisis. es decir, que no requiera la autorización de una comisión paritaria como en la última reforma aprobada por el gobierno socialista en la que cualquier cambio debía hacerse previa negociación. Estas garantías en la práctica dilataban la toma de decisiones para flexibilizar las condiciones de trabajo.
Asimismo se ha decidido poner punto final a la llamada ultraactividad, de forma que los convenios caducarán superado un plazo que podría situarse en un año.
Se harán bonificaciones a las empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social en los contratos de formación y en los contratos a tiempo parcial, que serán más flexibles.
Con estos cambios el Gobierno estima que cumple los requisitos exigidos por el Banco Central Europeo (BCE) en la carta que remitió a José Luis Rodríguez Zapatero el 5 de agosto. En ella se pedía que se desvinculara la subida salarial de la inflación, de forma que se ligaran los incrementos a la productividad. Esto se ha resuelto en buena parte gracias al acuerdo firmado por CCOO, UGT y la patronal en el acuerdo reciente (AENC).
Pero, además, el BCE exigía cambios en el sistema de negociación colectiva con el fin de eliminar las rigideces y facilitar la adaptación de las empresas al ciclo económico. La tercera condición de las autoridades comunitarias son medidas para facilitar la contratación de los jóvenes, cuya tasa de paro se eleva al 50%. Para conseguirlo se pedía que se eliminara el salario mínimo interprofesional (SMI). Esto fue interpretado por los agentes sociales como la transposición de los miniempleos alemanes creados en el 2003 para aflorar empleo sumergido. Van acompañados de subvenciones para la cotización y reducción en el pago del IRPF y ya dan empleo a 7 millones de trabajadores germanos. Sin embargo, parece haberse descartado.
La reforma irá acompañada de medidas para reducir el fraude en el cobro de desempleo e incentivar la búsqueda de un nuevo trabajo. Los expertos han aconsejado reducir el periodo de cobro del seguro de desempleo y facilitar las agencias privadas de contratación. El Gobierno ha decidido aprobar los cambios mediante un decreto ley para evitar que se paralice la contratación durante los tres meses de tramitación de una ley.
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